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Irene Yáñez García-Bernalt
El derecho de defensa se configura como una de las garantías constitucionalmente reconocidas en el art. 24.2 CE, la cual también despliega sus efectos en los casos de menores sospechosos o acusados de la comisión de un ilícito penal. Las particularidades del mismo conducen a una reflexión sobre una especialización de la asistencia letrada que conllevaría no solamente una defensa técnica adecuada, sino también una promoción de medidas restaurativas y educativas que permitan lograr los fines socioeducativos que presenta la normativa vigente sobre responsabilidad penal de los menores.
