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Luis Miguel Pérez Aguilera
En los últimos años, la ejecución dineraria se ha convertido en el origen de buena parte de los problemas que aquejan a nuestra maltrecha Administración de Justicia. En este ámbito, dos aspectos llaman poderosamente la atención: por un lado, la confusa regulación del papel del juez ejecutor en la fijación del quantum de la ejecución y, por otro, la imprecisa delimitación del ámbito objetivo de aplicación de los distintos métodos de impugnación de los excesos cuantitativos cometidos en el despacho de la ejecución. En este trabajo, analizaremos ambas cuestiones e intentaremos resolver algunas de las dudas que se plantean sobre este particular en el día a día de los tribunales.
In recent years, monetary enforcement has become the source of many of the problems afflicting our beleaguered Administration of Justice. In this area, two aspects draw significant attention: on one hand, the unclear regulation of the judge's role in determining the quantum of the enforcement, and on the other hand, the imprecise delineation of the objective scope of the various methods for challenging the quantitative excesses committed during the enforcement process. In this paper, we will analyze both issues and attempt to resolve some of the questions that arise regarding this matter in the daily operations of the courts.
