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Cristóbal Molina Navarrete 
La nueva Política Agraria Común (PAC) ha traído importantes novedades. La más conocida es la condicionalidad reforzada, que exige mayores obligaciones ambientales a las personas titulares de las ayudas-rentas de la PAC. Pero también ha introducido un nuevo concepto jurídico: la condicionalidad social. Las ayudas PAC pueden penalizarse si no se observan determinadas obligaciones de carácter sociolaboral comunitarias, en especial las relativas a condiciones transparentes y previsibles de trabajo, así como las relativas a la garantía de un entorno seguro y saludable. Ahora bien, este marco normativo parece insuficiente para una verdadera agricultura ambiental y socialmente sostenible. Este estudio analiza las implicaciones jurídicas de esta condicionalidad social y propone cambios para una agricultura más profesional y equitativa, empezando por una transición hídrica justa.
The new Common Agricultural Policy (CAP) has brought important new features. The best known is reinforced conditionality. This system requires greater environmental obligations from the holders of CAP income aid. But the CAP has also introduced a new legal concept: social conditionality. PAC income guarantees will be penalized if certain community socio-labor obligations are not met, especially those related to transparent and predictable working conditions, as well as those related to the guarantee of a safe and healthy environment. Now, this regulatory framework seems insufficient for true environmentally and socially sustainable agriculture. This study analyzes the legal implications of this social conditionality and proposes changes for a more comprehensively sustainable agriculture, starting with a socially fair water transition.
