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Este trabajo tiene por objeto el estudio del proceso de ilegalización de Batasuna, así como de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, que obligó a intervenir a tres jurisdicciones distintas para llegar a declarar la necesidad de disolución de dichas formaciones políticas en aras a salvaguardar el correcto desarrollo y funcionamiento del Estado español, como sociedad democrática, sin que por ello se pusieran en peligro valores fundamentales como el pluralismo político o la libertad de expresión, que tienen reflejo en la Constitución Española de 1978 y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950.
