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Lucas Ramírez Sierra
El presente artículo de reflexión pretende dilucidar el campo de acción de que disponen los establecimientos educativos oficiales en materia de disposición de bienes fiscales. Para ello se indagan los precisos alcances y limitantes de sus competencias contractuales en la materia y las eventuales responsabilidades derivadas de su irregular ejercicio, acudiendo para el efecto a fuentes jurídicas primarias y doctrinales. Se concluye en el sentido de señalar que tales posibilidades son restringidas y autorizan únicamente concesiones del uso de los bienes, sin permitir en ningún caso la transferencia de su dominio.
