La implantación de un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador forma parte de la obligación general que incumbe a Estados y empresarios de constituir una organización y los medios necesarios para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. A raíz de esta obligación han ido surgiendo un mapa de distintas resoluciones interpretando y matizando el sistema y modo de aplicación. Algunas de las más relevantes son analizadas en el presente trabajo.