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La Ley Orgánica 1/2024 de amnistía busca, en teoría, normalizar las tensiones entre Cataluña y el Gobierno español, enfocándose en actos relacionados con las consultas independentistas de 2014 y 2017. Promulgada con el fin de amnistiar responsabilidades penales, administrativas y contables, la ley ha sido muy controvertida, reflejando la polarización en el Parlamento y la sociedad. Su ámbito de aplicación, sus implicaciones jurídicas y políticas y las controversias interpretativas que han surgido son cruciales, pues la aplicación de la ley ha mostrado variados supuestos, desde la plena eficacia de la amnistía hasta su denegación, con debates sobre su constitucionalidad y su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea. A este respecto, han existido manifestaciones de dirigentes políticos y operadores jurídicos que hacen alusiones a la voluntad del legislador, cuando esa no es la vía más adecuada para inferir el espíritu de la Ley de Amnistía de cara a su aplicación.
