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Carlos Fernández Pascual, Ángel Bravo del Valle
La Ley 8/2021, de 2 de junio, de apoyo a las personas con discapacidad en el ejer- cicio de su capacidad jurídica, introdujo en las dos leyes procesales civiles, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, un nuevo artículo, el 7 bis. En este precepto es donde se desarrollan los ajustes del procedimiento. Esta nueva legislación regula los ajustes del procedimiento a favor de personas con cualquier tipo de discapacidad (y también es de aplicación para las personas mayores), y entre ellas regula la figura de la persona facilitadora.
La persona facilitadora es una figura no muy utilizada hasta la actualidad (incluso hasta desconocida en algunos ámbitos judiciales), si bien está en pleno proceso legis- lativo para su implantación de manera generalizada en todos los ámbitos jurisdiccio- nales y procesales así como en todas las materias (civil, penal, laboral, contencioso-administrativo, etc.).
En poco tiempo veremos cómo la utilización de la persona facilitadora se habrá implantado de manera generalizada en todas las fases procesales, en todos los ámbitos jurisdiccionales y en todos los Juzgados y Tribunales de España.
Law 8/2021, of June 2, on support for persons with disabilities in the exercise of their legal capacity, introduced a new article, 7 bis, into the two civil procedural laws, the Civil Procedure Law and the Voluntary Jurisdiction Law. This precept is where procedural adjustments are developed. This new legislation regulates the procedural adjustments in favor of persons with any type of disability (and also applies to the el- derly), and among them regulates the figure of the facilitator.
The facilitator is a figure not widely used until now (even unknown in some judicial areas), although it is in the legislative process for its widespread implementation in all jurisdictional and procedural areas and in all matters (civil, criminal, labor, con- tentious-administrative, etc.).
In a short time we will see how the use of the facilitator will have been implemented in a generalized manner in all procedural phases, in all jurisdictional areas and in all Courts and Tribunals in Spain.
