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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió el proceso iniciado por una asociación ambiental (ASCEL) contra la aprobación por la Junta de Castilla y León del Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en varias temporadas (2019 a 2022) y planteó varias cuestiones al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 92/43 a efectos de su aplicación al caso.
El Tribunal remitente quería saber, en síntesis, si la citada Directiva (arts. 2, 4, 11, 12, 14, 16 y 17) se opone a una normativa de un Estado miembro que permite cazar ejemplares de lobo en una parte de su territorio en la dicha especie no está incluida en la protección rigurosa prevista en el art. 12.1 pese a que posteriormente se ha considerado que el estado de conservación de dicha especie en el conjunto del territorio de ese Estado es desfavorable y se han adoptado medidas de protección rigurosa de la misma a escala estatal.
La respuesta del Tribunal de Justicia es afirmativa pues entiende que la Directiva se opone a una normativa de un Estado que permite cazar lobos en una zona de su territorio pese a estar excluida de la protección rigurosa establecida en su art. 12.1, si el estado de conservación de esa especie en ese Estado se considera «desfavorable-inadecuado».
