En el ámbito de la contratación pública, la utilización de certificados de calidad se ha convertido en una práctica común, principalmente, como criterio de solvencia técnica. En los últimos años se ha incrementado la utilización de estos certificados como criterio de adjudicación. El artículo analiza en profundidad las circunstancias y modalidades en las que los certificados de calidad pueden ser empleados de uno u otro modo, examinando el marco normativo y la jurisprudencia relevante. Además, se exploran los efectos de esta práctica sobre la concurrencia, con especial atención a las barreras que pueden enfrentar las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). A través de un análisis crítico, se proponen recomendaciones para equilibrar la necesidad de garantizar la calidad en la ejecución de los contratos públicos con la promoción de una competencia abierta y justa.