Conscientes de su papel como palanca de cambio social, los poderes públicos han apostado por configurar los aspectos estratégicos de la contratación como un factor transversal de la misma. En este artículo se analizará la concreción de estos principios en el marco jurídico, tanto europeo como español, y se tratará de exponer el alcance de su incorporación efectiva a la actividad contractual, a partir de los resultados de la supervisión específica desarrollada por la OIReScon a lo largo de estos últimos cuatro años.