Se discute si una Diputación provincial puede constituir válidamente un consorcio para la gestión de servicios medioambientales, entre los que se encuentra la gestión del ciclo integral del agua. Los recurrentes entienden que se crea un ente público meramente interpuesto entre los respectivos ayuntamientos y la empresa privada gestora final del servicio municipal, por lo que la normativa sobre contratación pública resultaría infringida.