El TJUE resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Brno (República Checa) sobre si los artículos 2, apartado 3, y 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665 de recursos deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que prohíbe a un poder adjudicador celebrar un contrato público únicamente hasta la fecha en que el órgano de primera instancia, en el sentido de ese artículo 2, apartado 3, que en dicho Estado miembro no tiene carácter jurisdiccional, se pronuncie sobre el recurso interpuesto contra la decisión de adjudicación de ese contrato.