La sentencia analiza si la Administración debe satisfacer intereses de demora por el pago tardío de una certificación de obra. El abono de la certificación se hizo con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que fue creado por el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio. Para la sentencia de instancia, al igual que en el caso del mecanismo de pago a proveedores (creado por el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo), los empresarios beneficiados por dicho fondo habrían renunciado a intereses. El contratista discute dicha interpretación, ya que dicha renuncia no se establece expresamente en el Real Decreto-ley 21/2012.