La búsqueda de una solución al complejo problema que entraña la posible impugnación autónoma de los actos de trámite o intermedios del procedimiento administrativo ha ido a parar a la decantación de la categoría de los actos de trámite cualificados. Categoría que ha arraigado fuertemente entre nosotros, tanto doctrinal como jurisprudencialmente, y que tiene la particularidad, sobre ello, de aparecer codificada legislativamente a partir de cuatro especies, recogidas actualmente en los arts. 112.1 de la LPAC y 25.1 de la LJCA. ¿Ofrecen estas cuatro especies un tratamiento cabal y armónico en grado de conjugar el adecuado desarrollo del procedimiento administrativo con la inteligencia de los derechos de defensa? El objetivo de este trabajo es justamente revisitar esta codificación a fin de cuestionar algunos de sus perfiles a la luz tanto de los postulados que justifican la regla de la concentración del recurso en la resolución final como de algunas inseguridades y vacilaciones que su puesta en práctica viene planteando. Se propone al cabo una reformulación centrada en las dos excepciones que emergen naturalmente: los actos de trámite que ponen fin al procedimiento y los que generan una lesión de carácter irreparable o difícilmente reparable a derechos e intereses legítimos del interesado.
The search for a solution to the complex problem entailed by the immediate review of the preparatory acts in the context of the administrative procedure has ended up in the decantation of the category of qualified preparatory acts. Category that has taken strong root among us, both doctrinally and jurisprudentially, and that has the particularity of appearing legislatively codified based on four species, currently included in arts. 112.1 of the LPAC and 25.1 of the LJCA. Do these four species offer a complete and harmonious treatment capable of combining the adequate development of the administrative procedure with the intelligence of the rights of defense? The objective of this study is precisely to revisit this codification in order to question some of its profiles in light of both the postulates that justify the rule of concentration of the action or application in the final decision and some insecurities and hesitations that its implementation comes posing. Finally, a reformulation is proposed focused on the two exceptions that naturally emerge: the pre-paratory acts that put an end to the administrative procedure and those that generate an injury of an irreparable or difficult to repair nature to the rights and legitimate interests.