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Barcelona, España
Este artículo analiza prácticas ligadas a los conceptos de rendición de cuentas y transparencia en el reinado de Isabel II a partir del estudio de las peticiones al Congreso de los Diputados. En concreto, se examinan 2981 peticiones de siete legislaturas distintas, que representan etapas bajo Gobiernos de signo político opuesto en los años posteriores al reconocimiento constitucional del derecho de petición (1837-1868). Más allá de una distinción generalista entre peticiones de merced y políticas, se demuestra la presencia de requerimientos de exigencia de responsabilidades y aclaración de leyes, que llevan consigo asociada la idea de transparencia. Fue, de hecho, la insistencia de las peticionarias y los peticionarios lo que condujo al liberalismo patricio a la rendición de cuentas, con independencia de tendencias ideológicas. Sin esa actuación, por lo general, las elites políticas tendían a la omisión de esas demandas, que eran ignoradas en un número considerable y casi nunca se les daba resolución. Con todo, el liberalismo progresista en las Cortes Constituyentes de 1854-1856 empezó a introducir la rendición de cuentas en las peticiones, aunque de manera limitada y con poca efectividad.
This article addresses practices connected to the concepts of accountability and transparency during the Spanish reign of Isabel II from the study of petitions addressed to the parliament. In detail, 2,981 petitions from seven different legislatures are examined, representing periods under governments of opposing political trends after the constitutional recognition of the right to petition (1837-1868). Beyond a general distinction between mercy and political requests, the paper shows that the idea of transparency was entailed within requirements of political responsibilities and clarification of laws. Indeed, it was the insistence of petitioners that led patrician liberalism to accountability, regardless of ideological tendencies. Without this action, in general political elites tended to omit these demands, which were extensively ignored and almost never resolved. However, progressive liberalism, in the Constituent legislature of 1854-1856, introduced accountability in petitions, although in a restricted way and with limited effectiveness.
