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José María Porras Ramírez 
Las normas legales que integran el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo no resuelven los principales retos a los que se enfrenta en la materia la Unión Europea, ya que evitan la conformación de un verdadero sistema europeo común de asilo, eficiente, solidario y garantista. De tal modo, aunque disuaden las actuaciones unilaterales, preservando la capacidad de acción conjunta a fin de afrontar la gestión de crisis migratorias futuras, eluden resolver cuestiones demandadas, como la que afecta a la excesiva responsabilidad que recae en los países que son frontera exterior de la UE. Más bien se incrementan sus obligaciones, apostando por dificultar la entrada de los migrantes al territorio de la Unión. Además, el sistema de solidaridad propuesto establece un menú a la carta para los Estados miembros, que traslada a un segundo plano la protección de las personas que llegan a Europa. De ahí su resistencia a crear un mecanismo obligatorio de reubicación. Con ello, el sistema se ha vuelto más complejo, suponiendo una merma de las garantías, tal y como se observa en las disposiciones sobre procedimientos y gestión de las crisis, cuyo énfasis principal consiste en propiciar el incremento de los retornos. Por ende, habida cuenta de su obsesión por reforzar la seguridad y la salvaguardia del orden público europeo, el Pacto fracasa en la creación de una política migratoria común digna de ese nombre, que responda a los valores y principios enunciados en los Tratados.
The legal norms integrated in the new Pact on Migration and Asylum do not resolve the main challenges faced by the European Union in this area, as they prevent the creation of a true common European asylum system that is efficient, supportive and guaranteeing. Thus, although they discourage unilateral actions, preserving the capacity for joint action in order to deal with the management of future migratory crises, they avoid resolving issues that are in demand, such as the excessive responsibility that falls on the countries that are the external border of the EU. Rather, it increases their obligations, betting on making it more difficult for migrants to enter the territory of the Union. Moreover, the proposed solidarity system establishes an «à la carte menu» for Member States, which pushes the protection of people arriving in Europe into the background. Hence, the reluctance of such laws to create a mandatory relocation mechanism. As a result, the system has become more complex, leading to a decrease in safeguards, as seen in the provisions on procedures and crisis management, which main emphasis is placed on increasing returns. Thus, in its obsession with reinforcing security and safeguarding European public order, it fails to create a common migration policy, worthy of the name, that responds to the values and principles set out in the Treaties.
