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Alfonso Ortega Giménez
Se analizan dos sentencias del TJUE (Sala Gran Sala). En la primera concluye que no permite imponer una multa administrativa por una infracción sin que se demuestre que fue cometida de forma intencionada o negligente por el responsable del tratamiento y que, por lo tanto, la culpabilidad en la comisión de la infracción constituye un requisito para la imposición de la multa. En la segunda, analiza la responsabilidad de la empresa que encarga a otra el desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de datos de las personas expuestas al COVID-19 con fines de seguimiento epidemiológico y ha participado en la determinación de los fines y medios del tratamiento de datos personales.
