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Descubrir al titular real que se oculta tras una estructura jurídica es reconocida internacionalmente como una de las medidas más efectivas para prevenir el blanqueo de capitales. Con la creación del OCP en el seno del Consejo General del Notariado, España fue pionera en la creación de una base de datos que facilitaba a autoridades y sujetos obligados el conocimiento de la identidad del titular real. Posteriormente, otros Registros se sumaron a esa labor. Sin embargo, no haber creado a tiempo un Registro Central de titularidades reales y que, tras su creación, éste no ofrezca certezas a los sujetos obligados sobre la información contenida en él está lastrando la imagen de España en su capacidad de poner a disposición de otros Estados miembros información sobre el titular real de sus empresas.
Sin más demora, urge que las autoridades adopten los ajustes legislativos y operativos precisos para identificar y verificar la identidad del titular real de forma adecuada, precisa y actualizada. Lo que está en juego no es sólo la seguridad jurídica que legítimamente demandan los sujetos obligados para colaborar con la Administración en prevenir el blanqueo, sino que es la propia seguridad colectiva la que puede estar comprometida si persisten estas lagunas.
