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El artículo 47 de la Constitución española impone a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias y el establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo aquel derecho, incluyendo para ello la regulación de la utilización del suelo de acuerdo con el interés general. La vivienda es un bien social de primera necesidad que afecta a varios derechos fundamentales, lo que obliga a los poderes públicos a elaborar políticas públicas enfocadas a garantizar ese derecho, pensando en el bienestar de la mayoría social.
