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Marina Mínguez Rosique
En el seno del acalorado debate suscitado por la reforma de los delitos contra la libertad sexual que tuvo lugar en el año 2022, que tuvo como efecto la revisión de las penas impuestas a algunos condenados por estos delitos, una cuestión parecía quedar fuera de toda duda: si la ley de reforma hubiera incorporado una disposición como la disposición transitoria quinta del Código Penal de 1995, se hubieran evitado los indeseables efectos anudados al principio de retroactividad favorable. Sin embargo, en este trabajo se trata de poner de relieve la existencia de dudas razonables acerca de la posibilidad de que el legislador penal incorpore una limitación así del alcance del mandato de retroactividad favorable, a la vista de la evolución de la jurisprudencia europea y de su consagración expresa en el art. 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que han marcado la evolución de esta garantía constitucional.
Within the heated debate raised by the reform of crimes against sexual freedom that took place in 2022, which had as an effect the revision of the penalties imposed on some of those convicted for these offenses, one issue seemed to be beyond any doubt: If the reform law had incorporated a provision such as the fifth transitory provision of the 1995 Penal Code, the undesirable effects tied to the principle of favorable retroactivity would have been avoided. However, this paper seeks to highlight the existence of reasonable doubts about the possibility of the criminal legislator incorporating such a limitation of the scope of the mandate of favorable retroactivity, considering both the evolution of European caselaw and the explicit enshrinement of this constitutional guarantee in article 49 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
