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Silvia Díez Sastre 
Al igual que las leyes de procedimiento precedentes, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la excepcionalidad de los efectos retroactivos de los actos administrativos, así como su determinación discrecional en dos casos: los actos que sustituyen a otros anulados y los actos favorables en ciertas circunstancias. Esta regulación no cohonesta bien con una realidad en la que, habitualmente, los actos administrativos extienden sus consecuencias a situaciones acaecidas en el pasado más allá de los dos supuestos mencionados. En este escenario, el presente trabajo esboza una propuesta tipológica de actos administrativos que, en muchas ocasiones, necesariamente deben tener efectos retroactivos. Se concluye, de este modo, que la retroactividad de los actos administrativos no es una excepción, sino la forma de tutelar, en muchos casos, las posiciones jurídico-subjetivas de los ciudadanos o de garantizar los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Like the preceding administrative procedure laws, Act 39/2015, on the Common Administrative Procedure of Public Authorities, establishes the exceptionality of the retroactive effects of administrative acts, as well as its discretionary determination in two cases: acts that replace other annulled acts and favorable acts in certain circumstances. This regulation does not fit well with a reality in which administrative acts usually extend their consequences to situations that occurred in the past beyond the two aforementioned cases. In this scenario, this paper outlines a typological proposal of administrative acts that, on many occasions, must necessarily have retroactive effects. It is thus concluded that the retroactivity of administrative acts is not an exception, but the way, in many cases, to protect the legal-subjective positions of citizens or to guarantee the rights recognized in the legal system.
