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Cristóbal Herrera Vargas
En los últimos años los Tribunales Superiores de Justicia han acogido demandas de indemnización de perjuicios deducidas por oferentes perjudicados en procesos de licitación pública. Esto importa un cambio relevante en la jurisprudencia previa de nuestros tribunales, puesto que eran renuentes al resarcimiento de los perjuicios, al sostener que la participación en un proceso licitatorio únicamente importaba una mera expectativa. Un factor relevante en este cambio lo constituyen las declaraciones de ilegalidad y arbitrariedad junto con la medida para restablecer el imperio del Derecho dictada por el Tribunal de Contratación Pública junto con la aceptación de la noción de pérdida de chance. Por lo que, procederemos a analizar la creación y funcionamiento de esta Magistratura especializada y qué entiende por acto ilegal y arbitrario. Luego, nos referiremos el concepto de mera expectativa, cuál es la noción de Responsabilidad del Estado utilizada por la Corte Suprema, para finalizar identificando cuáles son los criterios utilizados para acoger estas acciones y qué es lo que se indemniza mediante el análisis de sentencias.
In recent years, the Superior Courts of Justice have accepted lawsuits regarding compensation as a result of damages offered by affected bidders in public bidding processes. This creates a relevant change in the previous jurisprudence of our courts, as they were reluctant to compensate for damages, maintaining that participation in a bidding process was a mere expectation. A relevant factor in this change is the declarations of illegality and arbitrariness in conjunction with the measure to reestablish the rule of law issued by the Court of Public Procurement together with the acceptance of the notion of loss of chance. Therefore, we will proceed to analyze the creation and operation of this specialized Judiciary and what is understood by an illegal and arbitrary act. Afterwards, we will refer to the concept of mere expectations, which is the notion of State Responsibility used by the Supreme Court, by identifying the criteria used to accept these actions and what is compensated through the analysis of sentences.
