Resumen de El desarrollo del Estado Social en el marco del Estado Autonómico: principios constitucionales, los derechos sociales en los Estatutos De Autonomía y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

David Almagro Castro

• español

  El Estado Social diseñado en la Constitución española de 1978 contiene una serie de principios constitucionales que estructuran las relaciones entre las dos unidades territoriales de referencia: el Estado central y las Comunidades Autónomas. Su finalidad no es otra que garantizar la homogeneidad jurídica de los ciudadanos en los diferentes territorios que componen la nación. A partir de aquí, las Comunidades Autónomas se erigen en las unidades territoriales de referencia en la materialización del Estado Social español, definido doctrinalmente como un Estado Social autonómico. El nudo gordiano de este modelo lo constituye la redefinición jurídica de los “derechos sociales estatutarios” realizada en los Estatutos de Autonomía de segunda generación y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a su contenido material y límites. La devaluación jurisprudencial de la naturaleza jurídica y eficacia jurisdiccional de los derechos estatutarios resulta incompatible con la trascendencia de los Estatutos de Autonomía en el marco del “bloque de la constitucionalidad” y de las Comunidades Autónomas como unidades territoriales de referencia en la consolidación del Estado Social español.

• English

  The Social State established in the Spanish Constitution of 1978 contains many constitutional principles that develops the relations between the two principal territorial units: the central State and the Autonomous Communities. Its purpose is none other than to achieve the legal homogeneity of the citizens in the different territories that makes up the nation. From this point onwards, the Autonomous Communities become the territorial units of reference in the materialization of the Spanish Social State, doctrinally known as an autonomous Social State. The gordian knot of this model is the legal redefinition of the “statutory social rights” made in the second generation of Statutes of Autonomy, as well as the jurisprudence of the Constitutional Court regarding their material content and limits. The jurisprudential devaluation of the legal nature and jurisdictional effectiveness of statutory rights is incompatible with the transcendence of the Statutes of Autonomy within the framework of the “constitutional bloc” and the Autonomous Communities as territorial units of reference in the consolidation of the Spanish Social State