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Es de justicia material, igualdad y equilibrio social que, en pleno siglo XXI, los privilegios otorgados a la banca en el marco normativo de los procedimientos de ejecución hipotecaria de títulos no judiciales deban desaparecer. Ha llegado la hora de una reforma legislativa que reinstaure e incorpore la dación en pago «obligatoria o necesaria» en nuestro ordenamiento jurídico y finalicen las gravísimas consecuencias negativas para la ciudadanía derivadas de la actual normativa.
