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María Angeles Rodríguez Paraja
La preocupación por la vulnerabilidad energética ha sido una constante creciente que se ha reflejado en las medidas adoptadas por el legislador europeo y nacional en los últimos tiempos. Las sucesivas Directivas europeas en materia de energía habilitan a los Estados miembros para la imposición de obligaciones de servicio público y les emplazan asimismo a definir el concepto de consumidor vulnerable. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, define las obligaciones de servicio público en nuestro país. En esencia, se prevé: el llamado “bono social” que se ha articulado en nuestro ordenamiento como un descuento sobre la tarifa eléctrica y la asunción tanto de los impagos como del coste de financiación del suministro de energía eléctrica de cierto grupo de consumidores vulnerables. En este artículo se repasan algunas cuestiones regulatorias del bono social que han sido controvertidas. En el contexto actual, la CNMC desempeña un papel clave en la supervisión de los mercados minoristas y el control del cumplimiento de las obligaciones de protección al consumidor.
