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La obsolescencia de las infraestructuras públicas y los servicios urbanísticos básicos es una realidad frecuente en gran parte de los municipios españoles, en los que ya sea por las diversas crisis económicas y financieras, ya sea por el elevado coste de renovación, se hallan en un estado alejado de las necesidades del presente. Este es el caso, fundamentalmente, de las redes de saneamiento de aguas residuales. Numerosos terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico se encuentran dotados con fosas sépticas, arcaicos sistemas de depuración que, de conformidad con la legislación aplicable y los pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales asentados, no pueden satisfacer los requisitos para constituir una auténtica red general de saneamiento. Ante la problemática de ejecutar obras de renovación de infraestructuras, el criterio asentado por el Tribunal Supremo se modificó en la segunda mitad del año 2018, permitiendo la descategorización del suelo urbano consolidado y la consecuente alteración del régimen del estatuto básico aplicable a los propietarios, quienes desde entonces se ven en la obligación de cooperar en la financiación de estas. Este nuevo posicionamiento supone un cambio de paradigma, quebrando con la inmutabilidad y perpetuidad de la clasificación del suelo, avanzando hacia un Derecho Urbanístico abierto y en continua evolución, preocupado por la dimensión ambiental y la protección del entorno.
