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Margarita Miñarro Yanini 
1. La realidad política actual viene planteando algunas situaciones anómalas, que tienen su reflejo en el plano normativo sociolaboral. Entre ellas se encuentra la fugaz existencia del Real Decreto-Ley (RDL) 7/2023, de 19 de diciembre, mediante el que se adoptaban medidas urgentes para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se derogaba la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. Lo efímero de su vigencia, que quedó limitada al periodo del 21 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024, fue debido a la falta de convalidación del RDL por los votos en contra de PP, Vox y Podemos, siendo derogado por Resolución de 10 de enero de 2024. Con ello, quedaban otra vez urgidas de regulación las cuestiones que constituían su objeto, en particular, por lo que interesa a este editorial, la reforma del subsidio por desempleo.
