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Antonio Costa Reyes
La historia de la falta de adecuación de nuestro ordenamiento jurídico con el marco comunitario viene de lejos, prácticamente desde el origen mismo de la Directiva sobre trabajo de duración determinada. El legislador español no entendió -o no quiso entender- que la transposición correcta de tal Directiva exigía un mayor esfuerzo que el que se realizó, no solo inicialmente, sino incluso tras las actuaciones posteriores.
Por esa razón, para quien ha prestado la debida atención a todo ello, poco le debe sorprender las recientes sentencias de abril y junio de 2024 del Tribunal de Luxemburgo, porque la misma viene a significar la enésima advertencia de que nuestro ordenamiento sigue sin trasponer adecuadamente la Directiva, pero también, y esto es relevante, de que la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal podría no estar haciendo lo suficiente para procurar el efecto útil de la Directiva.
Las siguientes páginas se dedicarán a analizar la doctrina del Tribunal de Justicia en la materia y a cuál ha sido la respuesta interna que Tribunales y legislador, particularmente tras la reformas de urgencia de 2021, han procurado a la cuestión de si en nuestro ordenamiento existen medidas adecuadas y, en concreto, a si es posible o exigible consideración como fijo de la relación temporal objeto de abuso.
The lack of adaptation of our legal system to the Community framework goes practically from the very origin of Directive 1999/70/EC. The Spanish legislator did not understand -or did not want to understand- that the correct transposition of such Directive required a greater effort than the one that was made, not only initially, but even after the subsequent actions.
For this reason, for those who have paid due attention to all this, the recents TJUE judgments of 2024 should come as little surprise, but also, and this is relevant, that the case law of our TS may not be doing enough to ensure the useful effect of the Directive. The following pages will therefore be devoted to an analysis of the TJUE’s doctrine on the matter and to the response that the Spanish Courts and the legislature have given to the question of whether there are adequate measures in our legal system and whether it is possible or required to consider fixed-term relationships as being subject to abuse.
