En el 2020 se modificó la Ley de Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor con efectos en las operaciones de crédito en las cooperativas porque se pusieron límites a las deducciones voluntarias del salario como forma de pago. Varias normas constitucionales entraron en un aparente conflicto al momento de considerar los derechos del consumidor, los derechos del trabajador y los derechos y deberes de los trabajadores afiliados a una cooperativa. Frente a esa situación toma importancia revisar si existe una conexión de esa problemática con los Valores y Principios Cooperativos, así como el estudio de la influencia y posible vinculación de los Estados con la Recomendación 193 como fuente de interpretación de la legislación cooperativa.