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Con el fin de intensificar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el Consejo ha acordado 14 de junio de 2024 su posición sobre una Directiva de la Unión Europea que establece normas mínimas para la definición y sanción de los delitos de corrupción, medidas preventivas y normas para una investigación y enjuiciamiento más eficaces. La principal novedad de la Directiva es que, por primera vez a nivel de la UE, reúne en un solo acto jurídico normas sobre corrupción en los sectores público y privado
