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Diego Rodríguez Cembellín
La potestad sancionadora en materia de residuos tiene una importancia notable debido a su clara conexión con la protección del medio ambiente.
El tradicional papel de los municipios en este sector también se pone de manifiesto a la hora de imponer sanciones administrativas, especialmente en cuestiones relacionadas con la gestión y entrega de los residuos domésticos. Sin embargo, la articulación de las ordenanzas municipales, que también tipifican algunas infracciones, con las disposiciones sancionadoras de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es confusa y debería llevar a la revisión de dichas ordenanzas, precisamente ahora que muchas de ellas se encuentran en pleno proceso de adaptación a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Por su parte, la configuración del régimen jurídico sancionador que ha hecho esta ley desoye algunas de las cuestiones relacionadas con los sujetos responsables de las sanciones, la tipificación de las infracciones o la graduación de las multas sobre las que la doctrina ha venido advirtiendo, con poco éxito, durante los últimos años.
