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Estefanía Álvarez Menéndez 
El artículo 11 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, trae consigo novedades importantes en la configuración de las tasas y prestaciones patrimoniales públicas no tributarias por recogida, transporte y tratamiento de residuos para favorecer su reducción y recogida selectiva. Se impone su establecimiento, así como su carácter específico, diferenciado y no deficitario. Asimismo, se requiere que estas implanten sistemas de pago por generación, en consonancia con el principio de “quien contamina paga”. La medición individualizada de los residuos generados supondrá todo un reto para los municipios y una revolución en la cuantificación de estos instrumentos de financiación, que afectará también a otros elementos esenciales, como el hecho imponible o los sujetos pasivos.
