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René Javier Santamaría Arinas 
Las reglas que operan la distribución de competencias en materia de residuos entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales vienen siendo objeto de numerosos y solventes estudios que nunca han dejado de poner de manifiesto debilidades teóricas que son causa de disfunciones prácticas para avanzar de forma efectiva hacia una economía circular. Sobre la base de ese conocimiento acumulado, este trabajo analiza críticamente la última reforma que se ha conformado a este respecto con incorporar retoques superficiales en el artículo 12 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Y sugiere líneas de reflexión para afrontar los principales problemas que no han sido abordados, prestando especial atención a la armonización todavía pendiente de las bases del régimen local con la legislación del sector.
