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Timothy Nater
Desde 1989, las mutualidades europeas, a través de la Association Internationale de la Mutualité (AIM) han estado presionando a las autoridades de la Comisión Europea para que aprobaran una legislación que les permitiera responder a la creciente demanda de sus más de cien millones de clientes en temas de asistencia sanitaria transfronteriza, pensiones y otros servicios sociales.Desde julio de 1993, se dispone de un anteproyecto de estatuto que garantiza a una mutualidad panaeuropea los mismos derechos y operatividad internacional que a las sociedades privadas en el Mercado Unico. Pero a la hora de redactarlo, han surgido numerosos problemas, tanto técnicos como políticos, que han impedido su aprobación final.Sin embargo, la presión de la AIM en aras de la aprobación del estatuto no ha sido en vano ya que no sólo ha generado frustración sino también determinados beneficios. El trabajo de la AIM ha permitido conocer la naturaleza evolutiva de los diferentes órganos decisorios de la Unión Europea. Ha forzado a la organización a definir con mayor claridad sus prioridades y su misión. Y, al obligarle a establecer un consenso entre sus diferentes y, a veces, muy conflictivos socios europeos, el programa de presión ha servido para unirlos en torno a una causa común.
