Acceso usuarios
Carlos Aymerich Cano 
La Ley de protección de las personas informantes ha recurrido, entre otros mecanismos, a las prohibiciones de contratar. Sin embargo, el rigor de la regulación legal de las prohibiciones para contratar contrasta con su ineficacia práctica, en particular en los casos más graves de prohibiciones derivadas de sanciones penales o administrativas firmes. El trabajo analiza, a la luz de la doctrina administrativa y jurisprudencial, las causas de esta ineficacia práctica y apunta algunas soluciones posibles.
