Vigo, España
En este trabajo se aborda el análisis de las consecuencias que implica para la Administración Pública, desde el punto de vista de la institución de la responsabilidad patrimonial, la existencia de daños causados a terceros y/o a la propia Administración, derivados de la actuación infractora del personal a su servicio que ha resultado sancionado tras ser «denunciado» en el marco de los Sistemas Internos de Información de obligada implantación tras la entrada en vigor de la Ley 2/2023.