En el ejercicio de sus funciones y cargos, las personas que tienen la condición de autoridades o de empleadas públicas, pueden incurrir en una serie de responsabilidades de naturaleza penal. Los delitos cometidos contra la Administración Pública se relacionan con el fenómeno de la corrupción, y generan alarma social, procurando por ello el Código Penal proteger el correcto funcionamiento de la administración, conforme a los principios constitucionales de legalidad, objetividad e imparcialidad, entre otros.