La democracia española ni puede ni debe soportar el nivel de emponzoñamiento del debate público que existe en la actualidad, en el que la mentira y la difamación constituyen un arma política cotidiana, que erosiona tanto la honorabilidad de las personas afectadas como el prestigio y credibilidad de las instituciones. Resulta ineludible revisar los instrumentos jurídicos existentes para combatir estas prácticas. Es necesario actualizarlos y posibilitar que sirvan al fin que les es propio, sin poner en riesgo la libertad de información de los auténticos medios de comunicación ni amparar modalidad alguna de censura previa proscrita constitucionalmente.