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En el contexto de la economía política internacional, el régimen de protección de derechos humanos y el régimen de inversores extranjeros atraviesan tensiones como resultado de una arquitectura jurídica que privilegia la libertad de capitales. Un análisis de contenido del Acuerdo de Escazú revelaría, respecto al acceso a la justicia en temas ambientales, que las personas y la sociedad civil acceden a instancias judiciales y administrativas contempladas en la legislación nacional de cada país, mientras que los inversores extranjeros, bajo la figura de los tratados bilaterales de inversión (TBI) y libre comercio (TLC), recurren a la justicia mediante tribunales de arbitraje internacional que no siempre son independientes, imparciales y que privilegian los intereses del mercado. Esta arquitectura jurídica condiciona el accionar de los Estados frente a la sociedad civil y sus derechos. El Acuerdo de Escazú atraviesa desafíos jurídicos frente al régimen de protección a los inversores, en el cual las garantías económicas limitan las acciones concretas para abordar la crisis climática, proteger el medioambiente o hacer efectivos los derechos humanos.
In the context of the international political economy, the human rights protection regime and the foreign investor regime are in tension because of a legal architecture that privileges freedom of capital. A content analysis of the Escazú Agreement would reveal, with respect to access to justice in environmental matters, that individuals and civil society have access to judicial and administrative instances contemplated in national legislation, while foreign investors under bilateral investment treaties (BITs) and free trade agreements (FTAs) have access to justice through international arbitration tribunals that are not always independent, impartial and that privilege the interests of the market. This legal architecture conditions the actions of States in relation to society and its rights. The conclusions point out that the Escazú Agreement faces legal challenges in terms of the investor protection regime, where economic guarantees limit concrete actions to address the climate crisis, protect the environment or enforce human rights.
