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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional garantizan la efectividad de la defensa letrada de oficio, pero no ocurre lo mismo cuando el abogado es de designación particular. El trabajo estudia los fundamentos de tal protección a la luz de los derechos de carácter procesal recogidos tanto en el CEDH como en la Constitución, con el fin de dar respuesta a si la distinción es legítima. El asunto tiene una importancia clave en el ámbito del proceso penal, dado que la naturaleza de sus consecuencias hace necesario extremar las garantías procesales y puesto que en él es casi siempre preceptiva la asistencia letrada.
