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Sonia Martín Santisteban
La flexibilidad de la que ha dotado al art. 252CC la reforma operada por la Ley 8/2021, de 3 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, obliga a replantear la utilidad, como instrumento de carácter asistencial, del patrimonio especialmente protegido en favor de personas con discapacidad. El trabajo analiza las diferentes estrategias de afectación de bienes para la protección de personas vulnerables y, en especial, las particularidades que ofrece el patrimonio protegido frente a la posibilidad de realizar singulares atribuciones a título gratuito, sujetas a un régimen de administración especial. Transcurridos veinte años desde la entrada en vigor de la Ley 41/2003, la autora sugiere modificaciones que puedan hacer aflorar el potencial de un instrumento a fecha de hoy poco utilizado. El trabajo aborda cuestiones tales como la conveniencia de Implementar mecanismos que garanticen la afectación de los bienes transmitidos, adecuar el régimen jurídico del cargo de administrador a su naturaleza jurídica y ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de la figura.
