Teodoro Yan Guzmán Hernández
A casi dos años de la entrada en vigor de la Ley 153/2022 “Del proceso de amparo de los derechos constitucionales”, sobran los dedos de una mano para contar las demandas que han rebasado el umbral de admisibilidad; el amparo se encuentra aún en un limbo jurídico en Cuba. Por un lado, el empleo del concepto jurídico indeterminado y el tibio intento del legislador para objetivar los criterios de admisibilidad en la norma de desarrollo, y por otro, la ampliación de las facultades de los jueces respecto a la constitución y la falta de especialización de los que integran las salas de amparo, atentan contra la materialización judicial de esta garantía especial y contra el orden constitucional establecido. Por tal razón, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los artículos 5.2 y 5.3 de la Ley 153 en el contexto de las reformas constitucional y procesal, para definir criterios que coadyuven a la configuración de la trascendencia jurídico social del amparo y dejar en evidencia los retos que tiene el empleo oportuno de este mecanismo de defensa de los derechos en Cuba.
Almost two years after the entry into force of Law 153/2022 "On the amparo process of constitutional rights", there are fewer than five demands that have exceeded the threshold of admissibility; the amparo is still in a legal limbo in Cuba. On one hand, the use of the indeterminate legal concept and the lukewarm attempt by the legislator to objectify the criteria of admissibility in the implementing regulation, and on the other hand, the formal constitutional empowerment of all judges and the lack of specialization of those who can integrate the amparo chambers, undermine the life of this special guarantee and the constitutional order as a whole. For this reason, this work aims to analyze articles 5.2 and 5.3 of Law 153 in the context of constitutional and procedural reforms, to define criteria that contribute to the configuration of the social and legal significance of the amparo and to highlight the challenges of the timely use of this mechanism for the defense of rights in Cuba.