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María José Cano Cueli
El artículo 47 de la Constitución Española de 1978 reconoció la función social inherente al uso del suelo y realizó el encargo al legislador de protegerla a través de los instrumentos oportunos que impidieran la utilización del mismo con fines especulativos, con el objetivo de garantizar el logro del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Diversas son las instituciones jurídicas presentes en la normativa española que han tratado de dar cumplimiento al citado artículo, entre las que puede citarse el recargo potestativo en el Impuesto sobre Inmuebles introducido en el año 2002 con el objetivo de movilizar los inmuebles que se encontrasen desocupados incorporándolos al mercado de alquiler y lograr así el adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda a precios competitivos. A pesar de la relevancia del objetivo perseguido, lo cierto es que, como pretende poner de manifiesto el presente trabajo, durante más de 20 años no se ha logrado hallar una definición consensuada y jurídicamente estable del concepto de vivienda desocupada, fruto tanto de la pluralidad de sujetos implicados, como de los diferentes instrumentos que el orden de distribución de competencias realizado por la propia Constitución pone a su disposición.
Article 47 of the Spanish Constitution of 1978 recognized the social function inherent in land use and entrusted the legislature with protecting it through appropriate instru-ments to prevent its use for speculative purposes, intending to guarantee all Spaniards the right to enjoy adequate and dignified housing. Various legal institutions in Spanish regula-tions seek to comply with the aforementioned article, including the discretionary surcharge on Property Tax introduced in 2002 to mobilize vacant properties by incorporating them into the rental market and thus achieve a proper balance between supply and demand at competitive prices. Despite the relevance of the pursued objective, as this paper aims to demonstrate, a consensus and legally stable definition of the concept of vacant housing has not been reached for more than 20 years, due to both the plurality of parties involved and the different instruments available under the distribution of competencies established by the Constitution itself.
