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El Acuerdo, formalizado en 2020, que supuso la definitiva retirada del Reino Unido de la Unión Europea, se erigió como un nuclear capítulo en la historia del continente. Desde la óptica de la política migratoria, se planteó la disyuntiva para los ciudadanos británicos entre la regularización en suelo comunitario o el retorno a su país. Y fue, precisamente, la primera de tales opciones la que conllevó a nivel judicial pronunciadas discusiones en torno a los requisitos exigibles por el propio Acuerdo y la normativa comunitaria. Confusión que parece haberse disipado por nuestros Tribunales Superiores de Justicia.
