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Raquel Borges Blázquez
El 24 de abril, tras arduos meses de negociaciones, el Parlamento aprobó la primera normativa europea contra la violencia de género: la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. La tipificación de la violencia de género a nivel europeo es una demanda de largo recorrido que hace apenas un lustro devenía utópica. Hasta entonces, diversos instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones venían a suplir esta carencia. Por medio del reconocimiento y la confianza mutua los diversos estados iban, poco a poco, cincelando la escultura que el pasado mes de abril devino en definitiva. La tipificación europea del delito contra la violencia de género facilitará, sin duda, el reconocimiento mutuo de las medidas de protección. Pero, tal vez, debiésemos parar y observar cómo estas definiciones han ido calando en los diversos Estados miembros y cuánto debemos al Derecho procesal en la ardua tarea de acercar definiciones penales. Habría sido mucho más sencillo disponer de un concepto de víctima de violencia de género para proteger a las víctimas a nivel UE, pero este concepto se resistía y el reconocimiento se hizo a base de confianza mutua y de sentencias nacionales y supranacionales. A lo largo de estas líneas valoraremos la incidencia de la nueva normativa contra la violencia de género en instrumentos de reconocimiento mutuo ya existentes para la protección de las víctimas de violencia de género en el espacio europeo porque ¿qué fue primero, lo sustantivo o lo procesal? en la construcción de un Derecho penal europeo.
On 24 April, after months of arduous negotiations, the Parliament adopted the first European legislation against gender‐based violence: the Directive on combating violence against women and domestic violence. The criminalisation of gender‐based violence at European level is a long‐standing demand that seemed utopian only five years ago. Until then, various instruments for the mutual recognition of judgments had filled the gap. By means of mutual recognition and mutual trust, the various states gradually carved out the sculpture that finally became a reality last April. The European criminalisation of gender‐based violence will undoubtedly facilitate the mutual recognition of protection measures. But perhaps we should pause to consider how these definitions have been received in the various Member States and how much we owe to procedural law in the arduous task of bringing criminal definitions closer together. It would have been much easier to have a concept of a victim of gender‐based violence to protect them at EU level, but we couldn’t find a concept and recognition of decisions was made on the basis of mutual trust and national and supranational rulings. In these lines, we will assess the impact of the new legislation against gender‐based violence on the already existing instruments of mutual recognition for the protection of victims of gender‐based violence in the European area. What came first (substantive or procedural law) in the construction of European criminal law?
