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María del Mar Méndez Serrano
La actual tendencia a asignar personalidad jurídica a los robots parece tener su raíz en la necesidad de imputarles responsabilidad civil, como consecuencia del daño que estos pudieran causar en la cotidianeidad, tanto laboral como doméstica, según el ámbito en el que tenga lugar su intervención. Todo ello, debido, por un lado, a la posibilidad de aprendizaje autónomo, a través de redes neuronales que imitan la estructura del cerebro humano, y, por otro, a los sesgos que los propios creadores de los algoritmos albergan en su manera de ver y conocer el mundo. Ahora bien, podría decirse que lo realmente relevante en este sentido, en el caso de que finalmente estas «cosas» sean consideradas sujetos de derecho, con capacidad jurídica, es el impacto que esto pueda tener en el ámbito de los derechos fundamentales y su protección, si no se establecen con claridad los límites. En este sentido, hay una pregunta que antecede a toda la problemática que se ha suscitado en torno a los llamados humanoides: ¿es necesario realmente dotarlos de personalidad jurídica para dar respuesta a los interrogantes que surgen en el ámbito jurídico como consecuencia de su intervención en la vida cotidiana? ¿Son reales las «aparentes lagunas del derecho» que tantas líneas han ocupado, cuando el daño lo ha ocasionado ese gran conjunto de algoritmos capaz de tomar decisiones complejas, como si de un ser humano se tratara? Quizá la idea tergiversada, y mayormente extendida, sobre lo que es o no la inteligencia artificial nos haya hecho creer que realmente es preciso incluir a los robots en la categoría de sujetos del derecho, necesitados y dotados de personalidad jurídica, considerando esta postura la más idónea para que, como sociedad, estemos preparados frente a la que se avecina. Expuesto así, suena realmente alarmante. Sin embargo, es muy probable que ya contemos con todo lo que necesitamos, y sencillamente se trate de aclarar o conocer, partiendo del rigor científico, qué es eso de la IA, hasta dónde puede llegar y a qué nuevos derechos está dando lugar.
The current trend of attributing legal personality to robots seems to stem from the need to hold them accountable for civil liability arising from potential harm in everyday life, both in the workplace and at home, depending on the context of their intervention. This is due, on one hand, to the possibility of autonomous learning through neural networks that mimic the structure of the human brain, and on the other hand, to the biases that the creators of algorithms may harbor in their perception and understanding of the world. However, it could be argued that the truly relevant aspect in this regard, if these “entities” are eventually considered legal subjects with legal capacity, is the impact it may have on fundamental rights and their protection if the limits are not clearly defined. In this sense, there is a question that precedes all the issues raised around so-called humanoids: ¿Is it really necessary to grant them legal personality to address the legal questions that arise from their involvement in everyday life? ¿Are the “apparent gaps in the law” that have been discussed at length genuine, especially when the harm is caused by a vast set of algorithms capable of making complex decisions as if they were human? Perhaps the distorted and widely spread idea of what Artificial Intelligence is or isn’t has led us to believe that including robots in the category of legal subjects, in need of and endowed with legal personality, is the most suitable position for us as a society to be prepared for what lies ahead. Presented this way, it sounds truly alarming. However, it is highly likely that we already have everything we need, and it simply requires clarification or understanding, starting from scientific rigor, what AI is, how far it can go, and what new rights it is giving rise to.
