Acceso usuarios
Fabiola Meco Tébar
El edadismo, como sistema de discriminación por razón de la edad, y la ausencia de normativa vinculante en el ámbito del derecho público y privado que reconozca y especifique los derechos de las personas mayores con enfoque integral y centrada en ellas, constituye un hándicap a la hora de hacerlos efectivos. Esta vulneración de sus derechos se agudiza en el acceso a bienes y servicios de todo tipo (educación, sanidad, vivienda, ocio, etc.), y de manera muy especial en el sistema bancario, que los excluye y margina en el contexto de la acelerada digitalización y las amplias brechas de pobreza y exclusión que viven nuestras sociedades. La aprobación de reciente normativa destinada a consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad social y económica, o a personas con discapacidad, avanza, no sin trabas –por encima de instrumentos de «soft law», como códigos o protocolos– y de la dejadez de los operadores jurídicos, hacia la inclusión y la efectividad de los derechos de las personas mayores; y por ende, hacia la sostenibilidad y la construcción de una sociedad para todas las edades que se cimente sobre un enfoque de derechos que garantice la dignidad, la igualdad, la autonomía y la participación de las personas durante todas las etapas de su vida, también en su edad avanzada.
Ageism, as a system of age discrimination, and the absence of binding regulations in the field of public and private law that recognize and specify the rights of the elderly with a comprehensive approach and focused on them, is a handicap when it comes to making them effective. This violation of their rights is exacerbated in access to goods and services of all kinds (education, health, housing, leisure, etc.), and especially in the banking system, which excludes and marginalizes them in the context of the accelerated digitalization and gaps of poverty and exclusion that our societies are experiencing. The approval of recent legislation aimed at consumers and users in situations of social and economic vulnerability, or people with disabilities, advances, not without obstacles –over «soft law» instruments, such as codes or protocols– and the negligence of legal operators, towards the inclusion and effectiveness of the rights of the elderly; and therefore, towards sustainability and the construction of a society for all ages that is based on a rights-based approach that guarantees the dignity, equality, autonomy and participation of people during all stages of their lives, also in their advanced age.
