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María Eugenia Hernández Peribáñez
Las Empresas Transnacionales operan en un espacio sin fronteras valiéndose de sus cadenas de suministro. Los países del Sur Global se convierten en su fuente de materias primas y lugares donde externalizar y deslocalizar las distintas fases del proceso productivo. Esta estrategia empresarial proporciona a estas grandes corporaciones ventajas económicas y fiscales al tiempo que les asegura impunidad frente a posibles reclamaciones judiciales por su participación directa o indirecta en violaciones de derechos humanos, laborales y medioambientales planteadas por trabajadores y comunidades afectadas por sus actividades. El acceso de las víctimas a la justicia, reconocido en el tercer pilar de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos continúa siendo, una década después de su aprobación, un derecho difícilmente realizable. Este articulo analiza, recurriendo a un estudio de caso, Jabir et al. vs. Kik, la potencialidad de la diligencia debida obligatoria en derechos humanos para contribuir a salvar los obstáculos procesales y materiales que enfrentan las víctimas cuando acuden ante los tribunales europeos, invocando una responsabilidad civil extracontractual de la empresa transnacional por los daños sufridos como trabajadores de su filial, de su proveedor o bien como comunidades afectadas por la contaminación medioambiental.
Transnational Corporations operate in a borderless space using their supply chains. The countries of the Global South become their source of raw materials and places to outsource and relocate the different phases of the production process. This business strategy provides these large corporations with economic and fiscal advantages while ensuring impunity for possible legal claims for their direct or indirect participation in human, labor and environmental rights violations raised by workers and communities affected by their activities. Victims’ access to justice, recognized in the third pillar of the Guiding Principles on Business and Human Rights, continues to be, a decade after their adoption, a right that is difficult to achieve. This article analyzes, using a case study, Jabir et al. vs. Kik, the potential of mandatory human rights due diligence to help overcome the procedural and material obstacles faced by victims when they go to the European courts, invoking a non-contractual civil liability of the transnational company for the damages suffered as workers of its subsidiary, of your supplier or as communities affected by environmental pollution.
