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La iniciativa legislativa popular por la independencia de Cataluña ha generado controversia debido a sus implicaciones legales y constitucionales. De su texto se destaca su incompatibilidad con la unidad e indivisibilidad de la nación española, consagrada en la Constitución y, además, se ha evidenciado su contravención al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Ley de la Iniciativa Legislativa Popular al exceder las competencias de la Generalitat y no cumplir con los requisitos normativamente fijados. Estos aspectos de inconstitucionalidad e ilegalidad ponen en entredicho la legitimidad y viabilidad de la propuesta separatista y resulta esencial garantizar el respeto al ordenamiento jurídico y los principios democráticos en el proceso legislativo para preservar la estabilidad y la cohesión del Estado.
